PUNTO DE VISTA
Por Juan C. Orengo
(La doctora Vivian S. Green, del Programa de Salud Pública de la Ponce Health Sciences University, es coautora de esta columna).
Una de las medidas más controvertidas tomadas por los países donde hay evidencia de transmisión local del COVID-19, es la implantación de la cuarentena con el objetivo de contener la pandemia, tal como fue declarada el 10 de marzo por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según la OMS, la cuarentena es “la restricción del movimiento de personas sanas que han estado expuestas a un caso sospechoso o confirmado de infección por una enfermedad altamente transmisible durante el probable periodo infeccioso. Es una precaución orientada a prevenir la ulterior propagación de la infección a otras personas. No debemos confundirla con el aislamiento que es la separación, durante el periodo de transmisibilidad, de las personas infectadas (confirmadas o sospechosas) en lugares y bajo condiciones tales que prevengan o limiten la transmisión de agente infeccioso de las personas infectadas a aquellas que son susceptibles o pueden propagar la enfermedad”.
En caso de que la transmisión local sea evidenciada epidemiológicamente por el gobierno de Puerto Rico, la implantación de la cuarentena a nivel de comunidad puede llegar a ser una realidad. Esa evidencia epidemiológica, basada en datos científicos, es la que evitará el discrimen y la inequidad en salud de los grupos más vulnerables.
Existen tres pilares que avalan o permiten que la cuarentena pueda ser implantada en Puerto Rico como medida de contención de la transmisión local del COVID-19.
El primero es la existencia de la base legal tanto a nivel federal como a nivel del gobierno de Puerto Rico: la ley 81 de 1912 enmendada y el Reglamento 125 de la secretaria de Salud.
El segundo es el componente ético. Diferentes estudios han evaluado la medida de la cuarentena, concluyendo que los valores de beneficencia, justicia, autonomía y mal eficiencia son respetados, pues el controlar la transmisión de una enfermedad, en este caso emergente, se considera un bien común que prima sobre el individual; la solidaridad y la responsabilidad personal avalan el componente ético.
El tercero es que la cuarentena como medida epidemiológica tiene dos objetivos principales: primero, disminuir y retrasar la transmisión del COVID-19 (lo que epidemiológicamente se conoce como “aplanar la curva epidemiológica”. Ello ayudaría a la consecución del segundo objetivo que es evitar el colapso del sistema de salud.
Durante la cuarentena hay varios tipos de niveles que van, desde la recomendación de no viajar a ciertas áreas geográficas, pasando por la prohibición de actividades multitudinarias y del uso del transporte público, hasta el cierre de barrios completos, ciudades oáreas geográficas mayores, como podría ser todo Puerto Rico. Todos estos niveles ya han sido o están siendo implantados en algunos estados de los Estados Unidos, como, por ejemplo, New York.
Por último, es importante destacar que las epidemias no siguen el mismo patrón en todos los lugares, aun cuando se tomen medidas similares, pues hay variables de comportamiento que las hacen diferentes. La información epidemiológica es fundamental para las acciones, incluida la medida de cuarentena que pueda tomar el gobierno de Puerto Rico. Por tal motivo, el gobierno, la academia, los profesionales de la salud y la sociedad civil deben iniciar sin demora un proceso de educación ante la posibilidad de este tipo de medidas destinadas a la contención de la transmisión del virus del COVID-19 u otras posibles enfermedades emergentes o reemergentes.
Fuente: El Nuevo Día
